Era un líder campesino vinculado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) en Honduras, dedicado a la defensa de los derechos de los trabajadores del campo, la tierra, el territorio y los recursos naturales. Su labor se desarrollaba en un contexto de alta conflictividad agraria y riesgo para defensores de derechos humanos en el país, donde la violencia contra quienes protegen el territorio y el medio ambiente ha sido frecuente. Fue asesinado el 31 de enero de 2022 en El Progreso, Yoro, en lo que se considera un ataque contra su labor como defensor de la tierra. Hasta la fecha, no hay información pública que indique avances judiciales significativos o condenas concretas, lo que refleja el alto nivel de impunidad que caracteriza los crímenes contra defensores en Honduras. Su caso evidencia los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y sirve como ejemplo de la necesidad de fortalecer la protección y la justicia para estas poblaciones vulnerables.
