Carlos Hernández era abogado y defensor de derechos humanos en Honduras. Originario de Tegucigalpa y exfiscal del Ministerio Público, recientemente había abierto su propio bufete en la ciudad de Tela, Atlántida. Su labor se centraba en acompañar casos sensibles relacionados con la defensa del territorio y los derechos de las comunidades.
En el momento de su asesinato, Carlos representaba legalmente a líderes comunitarios acusados de usurpación de tierras por una empresa hidroeléctrica —INGELSA— debido a su oposición a la construcción de una represa en el Río Jilamito, en el municipio de Arizona. Su defensa legal era clave en la lucha de estas comunidades para proteger sus recursos naturales y evitar un proyecto impuesto sin su consentimiento.
El crimen ocurrió cuando un hombre armado ingresó a su oficina y le disparó repetidamente, huyendo luego en un vehículo. Testigos señalaron que Carlos llevaba casos delicados, particularmente en materia penal y vinculados a conflictos territoriales. Hasta hoy no se han identificado a los responsables materiales ni intelectuales del asesinato. El crimen permanece impune y ha generado temor entre defensores y comunidades de la zona, que continúan exigiendo justicia.
